El colmo albanés de Diella o por qué los algoritmos no están libres de toda corrupción
La paradoja de las buenas intenciones digitales
El derecho administrativo contemporáneo ha asistido, en las últimas décadas, a una fascinación creciente por la tecnología como panacea de los males estructurales del Estado. La digitalización de los procedimientos, la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública y los sistemas automatizados de toma de decisiones se han presentado, con frecuencia ingenua, como instrumentos capaces de extirpar de raíz comportamientos corruptos inherentes a la interacción humana. Albania, país balcánico anclado en una compleja transición democrática y en un proceso de adhesión a la Unión Europea que se resiste a concluir, ha llevado esta lógica a su extremo paradigmático mediante la creación de Diella, un avatar gubernamental dotado de atributos ministeriales y encomendado con la misión explícita de erradicar la corrupción en la contratación pública. Lo que podría haber constituído un capítulo ejemplar de innovación institucional se ha convertido, sin embargo, en una metáfora inquietante sobre los límites intrínsecos de toda tecnología cuando emerge de contextos políticos contaminados. Debe tenerse presente que los algoritmos, por sofisticados que resulten, no se generan en el vacío: son concebidos, programados, alimentados con datos y mantenidos por sujetos humanos cuya condición de corruptibilidad permanece intacta. El caso albanés ilustra con crudeza que la corrupción no se combate mediante la mera eliminación del factor humano en la interfaz administrativa, sino requiriendo una transformación genuina de las estructuras de rendición de cuentas que resulta considerablemente más ardua que cualquier despliegue tecnológico.
La ironía del episodio resulta difícil de eludir. Mientras Diella proclamaba en foros internacionales y en el propio Parlamento albanés su naturaleza aconflictiva —"no soy un ser humano; no tengo intereses personales; solo datos, algoritmos y el objetivo de servir a los ciudadanos de forma imparcial"—, la Agencia Nacional de Información, órgano estatal responsable de su desarrollo y operación, veía a sus máximos responsables recluidos en arresto domiciliario bajo acusaciones de integrar una red criminal dedicada precisamente a la manipulación de licitaciones públicas mediante métodos de intimidación. La sincronía de ambos hechos configura lo que podríamos denominar una paradoja performativa: el instrumento diseñado para transparentar resultaba gestionado por presuntos corruptos, evidenciando que la apariencia de neutralidad tecnológica puede servir de velo a las prácticas más tradicionales de clientelismo político. Hay que reseñar que esta disonancia no es meramente anecdótica, sino que revela una tensión constitutiva en los proyectos de gobernanza algorítmica implementados en contextos de débil estado de derecho.
El contexto europeo y la condicionalidad anticorrupción
Comprender la génesis del proyecto Diella exige situarlo en el marco de las relaciones entre Albania y la Unión Europea, donde la lucha contra la corrupción no constituye una opción política sino una condición explícita y monitorizada para la apertura de negociaciones de adhesión. Los informes periódicos emitidos desde Bruselas constatan progresos diferenciados en esta materia, reconociendo avances en la actividad de una fiscalía especial creada en 2019 con competencias para perseguir la corrupción de alto nivel, pero constatando simultáneamente que el fenómeno corrupcional permanece generalizado en sectores estratégicos como la contratación pública, la construcción y el turismo. Esta dualidad —avances institucionales formales persistencia de prácticas corruptas sustanciales— ha generado una presión política considerable sobre el primer ministro Edi Rama, en el poder desde 2013, quien ha convertido la modernización digital en uno de los ejes narrativos de su estrategia de acercamiento a Europa.
El proyecto Diella debe leerse, en buena medida, como una respuesta performativa a esta exigencia externa. Su presentación en foros internacionales, su diseño estético cuidado —atuendos tradicionales albaneses, interfaz sofisticada, discurso institucional medido— y su misma denominación, evocadora de la diosa del amanecer en la mitología iliria, revelan una intención de construcción de imagen que trasciende la mera eficiencia administrativa. Lo anterior me sugiere que estamos ante un caso de whataboutery tecnológico: ante las críticas sobre la incapacidad de reducir la corrupción estructural, el Gobierno albanés responde exhibiendo un artefacto simbólico que materializa la voluntad de cambio sin garantizar necesariamente su efectividad real. La Unión Europea, por su parte, ha mostrado receptividad hacia estos gestos, reconociendo en sus evaluaciones que Albania entiende el problema y está intentando abordarlo, aunque con cautelas expresadas por expertos como Andi Hoxhaj, profesor en el King's College de Londres, quien califica de "problemático" el historial del país pese a la sofisticación del avatar.
La arquitectura jurídica de la gobernanza algorítmica
Desde una perspectiva meramente descriptiva, Diella opera como una interfaz digital orientada a la automatización de trámites administrativos rutinarios: solicitudes de documentación, gestión de citas y prestación de servicios públicos estandarizados. Su lógica operativa se fundamenta en la reducción del contacto interpersonal entre funcionarios y ciudadanos, eliminando así la oportunidad de solicitud y entrega de sobornos que históricamente ha caracterizado la administración albanesa. El siguiente escalón proyectado —aún no implementado plenamente— consistiría en atribuir al sistema la capacidad de evaluar ofertas en procedimientos de contratación pública basándose exclusivamente en parámetros objetivos y auditables, eliminando la discrecionalidad humana en la adjudicación de contratos.
Esta arquitectura plantea, sin embargo, interrogantes jurídicos de considerable complejidad que la decisión administrativa albanesa no parece haber abordado con el rigor necesario. En primer término, la cuestión de la responsabilidad administrativa: cuando un algoritmo comete un error o, más grave aún, cuando es manipulado para producir resultados sesgados, ¿quién asume la responsabilidad patrimonial? La Agencia Nacional de Información, cuyos directivos están bajo investigación por corrupción, resulta una respuesta insuficiente. En segundo lugar, el principio de transparencia, consagrado tanto en el ordenamiento albanés como en el derecho comunitario, exige no solo que las decisiones sean públicas, sino que sus fundamentos resulten comprensibles para los afectados. Los sistemas de aprendizaje automático, especialmente aquellos basados en redes neuronales profundas, operan frecuentemente como cajas negras cuya lógica interna escapa incluso a sus propios diseñadores, generando un déficit de motivación que colisiona frontalmente con las garantías del debido proceso administrativo.
Considero que estas tensiones no son intrínsecas a la tecnología, sino derivadas de su implementación apresurada en contextos normativos inmaduros. La promesa de Diella —servicio imparcial mediante exclusión del factor humano— presupone que los datos de entrenamiento son neutrales y que los programadores actúan sin sesgos ni presiones externas. La investigación abierta contra la Agencia Nacional de Información desvirtúa ambos supuestos: si quienes controlan la infraestructura digital están comprometidos en redes de corrupción, nada impide que los algoritmos sean entrenados con datos tendenciosos o directamente programados para ignorar ciertos indicadores de fraude mientras magnifican otros. El sesgo algorítmico, en este escenario, no es un defecto técnico sino un instrumento de perpetuación del status quo corrupto bajo apariencia de modernización.
Los límites de la transparencia tecnológica
El caso Diella evidencia una confusión frecuente en los discursos sobre gobierno digital: la identificación de transparencia procedimental con transparencia sustantiva. Es indudable que la publicación de los criterios algorítmicos y la posibilidad de auditar sus decisiones constituyen avances respecto a la opacidad tradicional de la administración pública albanesa. Sin embargo, la transparencia del proceso no garantiza la integridad de sus resultados si los inputs iniciales están contaminados. Asumo que un sistema entrenado con datos históricos de contratación pública en Albania reproducirá, necesariamente, los patrones de favoritismo y discriminación que caracterizaron dichas contrataciones, salvo que se implementen correctores explícitos que, precisamente, requieren valoraciones políticas que el discurso tecnocrático pretende eludir.
El propio diseño de Diella como avatar antropomórfico, lejos de ser un detalle accesorio, revela esta ambigüedad. La atribución de rasgos humanoides a una interfaz algorítmica —voz, rostro, vestimenta tradicional— responde a una estrategia de personificación que busca generar confianza emocional en los usuarios, pero que simultáneamente oscurece la naturaleza técnica del sistema y las instancias reales de toma de decisiones. Cuando Diella interviene en el Parlamento para defender su constitucionalidad, ¿quién escribe sus respuestas? ¿Quién selecciona los datos sobre los que fundamenta sus argumentaciones? La investigación contra la Agencia Nacional de Información sugiere que, muy probablemente, los mismos actores cuya corrupción el sistema pretendía combatir. En este sentido, el avatar funciona menos como un instrumento de rendición de cuentas que como una pantalla de humo que desplaza la responsabilidad hacia una entidad inmaterial, inimputable y, en última instancia, controlada por quienes ostentan el poder político y económico.
La fiscalización independiente como contrapeso necesario
Un elemento que merece destacarse en el análisis del caso es que la investigación contra los desarrolladores de Diella no ha sido obstruida ni silenciada por el Ejecutivo albanés, pese a la evidente incomodidad que supone para el relato oficial de modernización anticorrupción. La fiscalía especial creada en 2019, con respaldo de la Unión Europea, ha mantenido su actividad frente a figuras de primer nivel: un expresidente de la República, el alcalde de Tirana, una viceprimera ministra con peso específico en el partido de Rama y, ahora, los máximos responsables de la infraestructura digital estatal. Este dato, frecuentemente omitido en los relatos sensacionalistas sobre el "colmo" de Diella, resulta jurídicamente significativo.
Ello me obliga a deducir que Albania está experimentando, con contradicciones y retrocesos evidentes, una dualidad característica de los procesos de consolidación democrática: la coexistencia de instituciones capturadas por intereses particulares con otras que logran preservar cierto grado de autonomía efectiva. El primer ministro Rama ha defendido públicamente la independencia de la fiscalía, admitiendo tensiones inevitables, mientras su Gobierno mantiene una de las tasas más altas de prisión preventiva de Europa, hecho que preocupa a organizaciones de derechos humanos pero que refleja, asimismo, una voluntad de exhibir resultados tangibles en la lucha contra la corrupción. La paradoja de Diella —la herramienta anticorrupción gestionada por presuntos corruptos— no invalida necesariamente el proyecto de fortalecimiento institucional en su conjunto, aunque sí lo somete a un escrutinio radical sobre sus auténticas finalidades.
Sobre la técnica y la política
El episodio de Diella en Albania constituye un laboratorio vivo para las reflexiones contemporáneas sobre el derecho de la tecnología y la gobernanza algorítmica. Demuestra que la corrupción no es un problema de interfaz — susceptible de resolución mediante la sustitución de interacciones humanas por procedimientos automatizados— sino de arquitectura de poder, que pervive y se adapta independientemente de los instrumentos técnicos desplegados para combatirla. Los algoritmos, en tanto productos sociales insertos en relaciones de fuerza, reproducen y amplifican las desigualdades y distorsiones de los contextos que los originan.
La lección para los juristas resulta particularmente relevante en un momento de expansión acrítica de la inteligencia artificial en la administración pública. No basta con demandar transparencia algorítmica o auditabilidad de los sistemas; es preciso interrogar las condiciones materiales de su producción, los intereses económicos y políticos que financian su desarrollo, y las estructuras de supervisión independiente capaces de detectar su instrumentalización corrupta.
Diella, con su rostro impecable y su discurso de neutralidad, recordará durante tiempo a los estudiosos de derecho administrativo que la incorruptibilidad no se programa, se construye mediante instituciones sólidas, cultura jurídica arraigada y, sobre todo, rendición de cuentas efectiva de quienes ostentan el poder, sean humanos o sus criaturas digitales.
