Google arremete legalmente contra SerpApi por extracción ilegal de datos

Google ha decidido llevar a los tribunales una práctica que durante años ha vivido en una zona gris: la extracción automatizada de sus resultados de búsqueda. La compañía acusa a SerpApi de haber desplegado una red masiva de bots para capturar en tiempo real contenidos, imágenes y datos sujetos a licencias y restricciones de uso.
No se trata, según el gigante tecnológico, de un simple “scraping” puntual, sino de una operación sistemática y a escala industrial que habría vulnerado sus sistemas de seguridad y sus condiciones de uso.
En la demanda, Google habla directamente de “saqueo” de contenido protegido, de abuso de sus infraestructuras y de un daño potencial a anunciantes, medios y creadores.
El objetivo declarado no es solo frenar a SerpApi, sino marcar un antes y un después en cómo se protegen la propiedad intelectual y los datos en la era de la automatización masiva.
Mientras tanto, en Wall Street, la caída de Nike por el deterioro de sus ventas en China recuerda que la tensión entre tecnología, comercio global y regulación se está convirtiendo en el paisaje normalizado de esta década.

Un litigio que va más allá del ‘scraping’

La disputa entre Google y SerpApi no es un pleito más por términos de servicio. En su escrito, el buscador sostiene que la empresa demandada habría efectuado millones de peticiones diarias disfrazadas tras una red de IPs y servidores intermedios, con el objetivo de reproducir en su propia plataforma resultados de búsqueda prácticamente en tiempo real.

La diferencia entre el scraping clásico —una práctica habitual para investigación, SEO o comparación de precios— y lo que describe Google está en la escala, la intención comercial y el bypass de barreras técnicas. Según la compañía, SerpApi habría sorteado límites de velocidad, captchas y otros mecanismos diseñados para frenar el acceso automatizado agresivo, vulnerando así tanto sus políticas internas como, potencialmente, la legislación sobre acceso no autorizado a sistemas informáticos.

Lo que se juega aquí es el significado mismo de expresiones como “datos públicos” o “información accesible”. Google insiste en que accesible no significa libre de reutilización masiva ni exenta de derechos de autor, especialmente cuando se trata de fragmentos de contenido periodístico, imágenes con licencia o datos que forman parte de productos publicitarios. El litigio, por tanto, se convierte en un examen a la forma en que hemos entendido la web durante los últimos 20 años.

Cómo operaba la red de bots de SerpApi

Uno de los pasajes más delicados de la demanda se refiere al modus operandi. Google sostiene que SerpApi habría tejido una infraestructura distribuida de bots, alojados en múltiples proveedores de nube, capaces de simular tráfico humano para no ser bloqueados. Cada bot generaría cientos de consultas por hora, modificando patrones de navegación, agentes de usuario y parámetros de búsqueda para imitar el comportamiento de un internauta real.

El resultado sería una capa de “captura” casi permanente sobre los resultados de Google, incluyendo consultas personalizadas, snippets enriquecidos y carruseles de imágenes. Más allá del volumen de datos, el problema radica en que buena parte de ese contenido incluye obras protegidas, textos con derechos reservados y material sujeto a acuerdos específicos con medios y bancos de imágenes.

En la práctica, SerpApi habría montado un “Google del Google”: un espejo programático de la información ya ordenada y filtrada por el buscador, al que sus clientes accederían mediante una API de pago. Para Google, esto no es innovación, sino apropiación de valor añadido generado con inversiones multimillonarias en indexación, seguridad y acuerdos con terceros. La frontera entre aprovechar un ecosistema y explotarlo sin permiso nunca había sido tan fina.

Propiedad intelectual y límites del uso justo

El núcleo legal del caso pasa por una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la doctrina del “fair use” y dónde empieza la explotación ilegítima de contenido ajeno? SerpApi presumiblemente argumentará que solo automatiza consultas que cualquier usuario podría hacer manualmente, y que el contenido sigue residiendo en Google, al que remiten muchos de sus resultados.

Google, por su parte, subraya tres elementos: la escala (decenas o cientos de millones de resultados recopilados), el carácter sistemático y comercial del servicio y el hecho de que la extracción incluiría elementos especialmente protegidos, como imágenes bajo licencia o segmentos de código y texto que superan el umbral de cita razonable. En esas condiciones, sostiene, ya no hablamos de uso justo, sino de reproducción y redistribución masiva de obras protegidas.

La cuestión no es menor. Un fallo que respalde la tesis de Google podría reforzar la posición de plataformas que alojan contenidos —buscadores, redes sociales, medios— frente a terceros que extraen datos a gran escala. Pero también podría abrir un precedente delicado para investigadores, startups y proyectos que dependen de la recolección de datos para entrenar algoritmos o ofrecer servicios de análisis. El equilibrio entre proteger derechos y no asfixiar la innovación vuelve a ser el dilema central.

Lo que Google quiere conseguir en los tribunales

La demanda no se limita a pedir una compensación económica. Google busca una orden judicial permanente que impida a SerpApi seguir accediendo a sus servicios mediante métodos automatizados, y que obligue a la empresa a destruir o dejar de utilizar los datos y modelos generados a partir de ese scraping masivo.

Más allá del caso concreto, la compañía aspira a enviar un mensaje al mercado: “quien construya un negocio sobre la extracción sistemática de nuestras páginas se expondrá a un litigio duro”. En un entorno donde los modelos de IA generativa se alimentan de ingentes cantidades de texto e imágenes, el control sobre qué se puede o no reutilizar se ha convertido en una batalla estratégica.

No es casual que Google insista en el componente de seguridad y abuso de sistemas. Al vincular la conducta de SerpApi con potenciales violaciones de leyes contra el acceso ilícito a infraestructuras informáticas, eleva el caso desde una discusión sobre derechos de autor a un terreno donde las sanciones y los precedentes pueden ser mucho más severos. La compañía quiere que el mensaje sea inequívoco: no todo lo que es técnicamente posible es jurídicamente tolerable.

El efecto dominó sobre startups y agregadores de datos

Si los tribunales dan la razón a Google en sus términos más duros, el impacto se sentirá en un ecosistema mucho más amplio que el de SerpApi. Decenas de startups basan su modelo en agregar, normalizar y revender información procedente de otras plataformas: desde buscadores de vuelos que raspaban webs de aerolíneas hasta herramientas de inteligencia competitiva que monitorizan precios, reseñas o fichas de productos.

Un fallo contundente podría obligar a estas empresas a revisar sus prácticas, migrar hacia acuerdos contractuales explícitos o renunciar a parte de su catálogo de datos. En un escenario extremo, podría desencadenar una ola de litigios en cadena, con grandes plataformas reclamando compensaciones o vetando el acceso a aquellos actores que no cuenten con licencias claras.

Al mismo tiempo, el caso puede acelerar la aparición de modelos de licencia de datos más transparentes y negociados, donde en lugar de “tomar” la información sin más, las empresas paguen por APIs oficiales, compartan ingresos o respeten límites agresivos de velocidad y volumen. El coste será, inevitablemente, una barrera de entrada más alta: no todas las startups cuentan con los recursos para comprar acceso cuando hasta ahora se limitaban a desarrollar técnicas sofisticadas de scraping.

Wall Street mira a la tecnología mientras Nike se tambalea

El choque legal entre Google y SerpApi estalla en un contexto de mercado agitado. Mientras el sector tecnológico libra sus guerras en los tribunales, empresas como Nike se enfrentan a un entorno comercial menos amable. La compañía deportiva ha sufrido un fuerte castigo bursátil tras presentar un trimestre débil en China, su segundo mercado más relevante, y advertir sobre el impacto de los aranceles y la competencia local en sus márgenes.

La coincidencia no es casual, sino sintomática. Por un lado, el capital mira a las tecnológicas como refugio de alto crecimiento y alta regulación, un binomio que ya asume como parte del paisaje. Por otro, gigantes del consumo más tradicional sufren la combinación de desaceleración en mercados clave, guerras comerciales y cambios de hábitos.

Lo más relevante es la sensación de fragilidad transversal: un golpe regulatorio puede borrar en días lo que la innovación tardó años en construir, y una mala lectura del contexto macro puede tumbar el atractivo de marcas que parecían intocables. En ese tablero, casos como el de Google y SerpApi pesan más allá del sector: marcan la línea de hasta dónde se puede estirar la monetización de datos sin pagar un precio jurídico y reputacional.

¿Hacia una internet con muros legales más altos?

La demanda de Google alimenta un debate de fondo sobre el futuro de la web. Durante décadas, el relato dominante fue el de una internet abierta, indexable y remixable, donde el valor surgía precisamente de combinar, vincular y reorganizar información. La era del scraping masivo y de los modelos de IA entrenados con todo lo que encuentran en línea ha llevado esa lógica al límite.

Si los grandes propietarios de plataformas refuerzan sus murallas legales —más demandas, más restricciones técnicas, más contratos cerrados—, la red corre el riesgo de fragmentarse en jardines amurallados donde el acceso se negocia caso por caso. El beneficio para quien controla la puerta es evidente; el coste para el conjunto del ecosistema, menos. Menos proyectos independientes, menos experimentación, más dependencia de unas pocas APIs oficiales.

El dilema es incómodo: proteger la inversión y los derechos de los creadores exige mecanismos de control, pero un exceso de blindaje puede asfixiar la innovación y la competencia. El caso Google–SerpApi se convierte, así, en un laboratorio jurídico para medir hasta dónde pueden elevarse esos muros sin matar la esencia misma de la web abierta.